En una decisión que pone contra reloj al Gobierno Nacional, un juez admitió para estudio la tutela radicada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, contra el decreto de Emergencia Económica y Social.

Aunque el despacho negó la suspensión inmediata del decreto, ordenó a la Presidencia y al Ministerio de Hacienda responder a los cuestionamientos en un plazo máximo de 24 horas, vinculando además al proceso a la Corte Constitucional.

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"Con el fin de integrar en debida forma al contradictorio y evitar futuras nulidades, se dispone a vincular a la Corte Constitucional y al Congreso de la República de Colombia, para que presenten sus excepciones respecto a los fundamentos fácticos expuestos por quien funge como demandante y alleguen información relacionada con los hechos", responde el juez en el documento.

El juez advirtió que no responder dentro de ese plazo tendrá efectos dentro del trámite. "Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano lo pertinente, salvo que se estime necesaria otra averiguación previa".